viernes, 18 de julio de 2014

INTERVENCIÓN EUROPEA EN EL GOBIERNO VALENCIANO



La contabilidad de la Comunidad Valenciana en el punto de mira de La Comisión Europea. ¿Qué hay detrás de las facturas escondidas en el cajón de la Consellería?


La semana pasada despertábamos con una noticia inquietante, de tintes oscuros, que deja muy mal al gobierno de Alberto Fabra y a la administración regional: Bruselas ha abierto una investigación formal al conocerse la ocultación de los datos contables  de los  gastos sanitarios de la Comunidad Valenciana. Lo que se traduce en la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea y en posibles sanciones. A simple vista, puede parecer un caso de fraude fiscal, pero yendo al fondo de la cuestión, subyace un problema totalmente distinto: la intervención exterior.


"El foco de la investigación es únicamente la región de Valencia” (…), ha afirmado la portavoz responsable de Eurostat, Emer Traynor que ha asegurado que las autoridades españolas han colaborado muy estrechamente con la oficina estadística comunitaria.

El Gobierno de Fabra se muestra preocupado. La portavoz del Ejecutivo y consellera de Educación, María José Catalá, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell dijo que el Consell “debe valorar la denuncia para poder pronunciarse” y manifestó que “siempre que pasa algo así se abre expediente informativo, cuanto menos”.


 

Estos son los hechos que conocemos, por el momento. Podemos argumentarlos desde una visión superficial y quedarnos con lo más evidente o analizarlos con perspicacia. Y entonces cabe preguntarse muchas cosas. Por ejemplo, por qué este asunto sale a la luz precisamente ahora. Podríamos cuestionarnos también el trato político recibido, estableciendo una analogía con el caso griego; comprendiendo mejor qué tipo de relaciones  establece la UE con los países débiles y dependientes, es decir, por qué estamos sujetos únicamente al subordinado cumplimiento de los mandatos y dictados que nos llegan de centros de poder como Berlín. O desde el FMI, donde la Troika también tiene adjudicado un papel de subordinación.
 
¿Somos como Grecia? ¿Nos quieren relegar a una tercera o cuarta división?
Es la primera vez que la Troika dirige su atención hacia una pequeña área regional. Pero no nos engañemos, no es algo excepcional, se trata de España. Para comprenderlo debemos tener presentes los antecedentes históricos de sometimiento y dependencia con respecto a otras potencias europeas, como Francia e Inglaterra aunque en la actualidad sea Alemania quien marque la hoja de ruta de las obligaciones adquiridas en Europa. Se cumple así el desarrollo de un viejo proyecto imperialista: degradarnos política y económicamente, lo suficiente como para poder intervenirnos y saquearnos más y mejor. Esto sí es significativo, aunque en esta ocasión quede un tanto maquillado por el Six Pack que es un paquete de seis medidas legislativas que el Parlamento Europeo aprobó en 2011. Con ellas se asentó una base legal que permitía ejercer un mayor control político y económico sobre los Estados miembros. En realidad su objetivo es imponer una serie de medidas  y reformas estructurales que garanticen el cumplimiento del pago de la deuda pública. ¿Acaso vamos a creernos que la UE liderada por Alemania está preocupada fraternalmente por aquellos países que no alcanzan su objetivo de reducción de déficit?. Lo que fija jurídicamente es la obligación de los 28 de presentar anualmente los Planes Presupuestarios correspondientes, tal y como establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Las competencias fueron formuladas después de iniciada la crisis en Grecia y permiten a la CE ejercer presión sobre los países intervenidos en caso de que acumulen deudas desorbitantes. Un método ejemplarizante es utilizar a una parte de España, aprovechando la corrupción, para establecer un grado más alto de intervención en todo el Estado. Lo que no se pudo hacer en Grecia previamente a su primer rescate.

Los “Hombres de Negro” visitarán la Comunidad Valenciana.

En 2012 el Gobierno solicita a la UE un aumento del 0’4% en el objetivo del déficit por haber utilizado líneas de crédito suplementarias para que las CCAA pudiesen hacer frente al pago de los atrasos, dejando claro que no está debidamente consignado  en los presupuestos el gasto sanitario. La CV presentó más de 300.000 facturas acumuladas, en un Plan extraordinario por valor de 2.500 millones de euros, donde el volumen total asciende a 1.700 millones. Eurostat lo investigó observando que durante años esa acumulación se había estado ocultando.
Por tanto, el Ejecutivo Europeo enviará a sus Hombres de Negro, en un proceso que previsiblemente dure 10 meses para esclarecer responsabilidades. El Consell está obligado a entregar toda la documentación requerida, lo que hay que valorar desde una perspectiva política, no economicista. Las visitas de los inspectores ya se han producido con anterioridad y han tenido como finalidad hurgar en las tripas de las entidades financieras, buscando el acceso a una pieza clave de nuestro patrimonio.  

No es un problema de corrupción, que la hay. Las medidas de intervención que incluyen la privatización de servicios tienen consecuencias muy graves para la gente. La privatización nunca es rentable.

La Generalitat, como manifestó en un comunicado, no pagará la multa que asciende al 0’2% del PIB, aunque no está claro si la deuda contraída será estatal o regional. Lo peor es que en ambos casos la pagaremos los ciudadanos de nuestros bolsillos, lo mismo que sucede con la deuda externa.

No es casual que la CE investigue la Comunidad Valenciana, con todos sus antecedentes de corrupción y una lista de más de 100 imputados en las altas esferas.  Es la excusa perfecta para seguir interviniéndonos, siendo una de sus consecuencias la privatización de determinados sectores de la administración pública, como sanidad. Gestionada por un modelo publico-privado solo es rentable para la empresas gestoras, como la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Adeslas, la CAM, Bancaixa y Caixa Carlet, Dragados y Lubasa. La cantidad anual que la Comunidad paga a la empresa concesionaria aumentó 200 euros por paciente tras el rescate al Hospital de la Ribera. Este modelo no incluye farmacia, oxigenoterapia, prótesis o transporte.

Que nuestros gobiernos se plieguen ante los ataques del exterior es un problema crucial que denota falta de voluntad política para defender los intereses mayoritarios. La corrupción solo es el chocolate del loro. Pero si el pez se pudre por la cabeza, ahora más que nunca, deberemos seguir luchando de abajo a arriba. Una de las muchas conquistas populares en España, ha sido la creación de un modelo de gestión pública que proporcione a los ciudadanos bienestar y calidad de vida y no supone ningún coste adicional. Por encima de todo, es un derecho que no puede ni debe sernos arrebatado.

Marisa Doménech Castillo
  

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